Este domingo, se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, revelando datos sobre la percepción ciudadana hacia la Policía de Investigaciones (PDI). La aprobación de la institución sufrió una notable disminución del 26%, situándose en un 60%. El informe también señala que el 43% de la población considera que la PDI está afectada por una gran cantidad de corrupción dentro de la institución. Estos resultados emergen en el contexto de la reciente medida de prisión preventiva contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en relación con las investigaciones del Caso Luis Hermosilla. Esta acción fue respaldada por el 58% de la ciudadanía, reflejando un fuerte apoyo público a las medidas contra la corrupción. En contraste, otras instituciones como Carabineros, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, aunque registraron ligeros descensos en su aprobación, aún mantienen cifras relativamente altas, oscilando entre el 72% y el 79%. Por otro lado, Bomberos continúa siendo una de las instituciones mejor evaluadas, con un impresionante 98% de aprobación, seguida por el Registro Civil con un 79%. Sin embargo, la encuesta revela un aumento en la percepción de la corrupción generalizada en el país, alcanzando un 89%, lo que representa un incremento de 19 puntos desde 2015. En cuanto a la gestión del presidente Gabriel Boric, un 34% aprueba su desempeño, experimentando un aumento de 7 puntos en las últimas dos semanas, aunque el 61% sigue desaprobando su gestión. En relación con el Censo 2024, el 96% de la población está al tanto de su realización, y el 77% asegura que responderá las preguntas cuando su hogar sea censado, mientras que solo el 6% declara que se negará. Finalmente, en lo que respecta a la posibilidad de realizar elecciones municipales en dos días este año, el 64% de la población se muestra en desacuerdo con esta propuesta.
El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido comocaso audios, derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla. La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer. Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI. La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas. En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario. Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía transparente.
Las autoridades continúan las indagatorias relacionadas con el reciente secuestro y posterior asesinato del ex militar Ronald Ojeda, destacando la conexión con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. El líder identificado de esta operación es Walter Rodríguez Pérez, ciudadano venezolano, quien ya enfrentaba una orden de detención por secuestro. Según fuentes del Ministerio Público, Walter Rodríguez Pérez es señalado como el principal sospechoso en este caso. Las primeras diligencias sugieren que habría abandonado el país en compañía de otro individuo buscado por la Fiscalía, Maikel Villegas Rodríguez. Se ha georeferenciado la última señal del celular de Rodríguez Pérez en Arica, con la presunta intención de salir del territorio nacional. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó los vínculos de este caso con el Tren de Aragua, aunque no descartó otras posibles hipótesis: De acuerdo a los antecedentes que la persona detenida tiene vínculos con el crimen organizado, no significa que tengamos que concluir que las motivaciones del homicidio son unas y otras. La investigación mantiene abiertas varias líneas, incluyendo la posibilidad de intervención política o un crimen por encargo, según lo planteado por la familia de la víctima, Ronald Ojeda. El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, informó que se han establecido contactos con la policía venezolana e Interpol para coordinar el control de la llegada de los prófugos: Hay coordinación con los 195 países, están las políticas para intercambiar información, uno de ellos es Venezuela.
El Ministerio Público confirmó la noche de este viernes que el cuerpo hallado bajo un bloque de cemento en una toma de Maipú corresponde al exmilitar venezolano Ronald Ojeda. La noticia fue dada a conocer por el fiscal Héctor Barros, quien está a cargo del caso y además confirmó que la data de muerte es de entre 7 a 10 días. “ Se puede confirmar que corresponden los restos a la víctima Ronald Ojeda, que era la víctima, en este caso de secuestro. La data de muerte aproximada, de acuerdo al médico del Demecri de la PDI, señala que es entre 7 y 10 días, por lo tanto, coincide además con la fecha en que se produjo el secuestro”, explicó el fiscal Héctor Barros. Por este crimen hay un venezolano de 17 años detenido, quien se encuentra en Chile de forma irregular. Además se emitieron otras dos órdenes de detención contra sospechosos de participar en el crimen.
Los incendios que asolaron la región de Valparaíso el pasado fin de semana se revelaron como actos intencionados, según informaron las autoridades locales. Tras exhaustivos peritajes y diligencias llevadas a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), se confirmó la presencia de acelerantes en el lugar donde se iniciaron las llamas. El fiscal especializado en la materia, Osvaldo Ossandón, en una entrevista con La Tercera, reveló que se identificó el punto exacto de origen del fuego: cuatro focos simultáneos en el sector de Las Tablas, en el Lago Peñuelas. La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) descubrió evidencias de que se utilizaron bencina y parafina para avivar las llamas en dicho lugar. Esta hipótesis de intencionalidad no es nueva, ya que diversas autoridades regionales, nacionales y de las Fuerzas Armadas habían sugerido previamente que los incendios fueron provocados. El megaincendio afectó a Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana, dejando una estela de destrucción y convirtiéndose en la mayor tragedia registrada en el país desde el terremoto de 2010. Hasta el momento, no hay detenidos vinculados al inicio de los siniestros, y los responsables aún no han sido identificados. Según el último informe del Servicio Médico Legal (SML), 131 personas perdieron la vida como consecuencia de los incendios, dejando a miles de familias damnificadas. En respuesta a la magnitud de los acontecimientos, el exfiscal Cristián Paredes anunció que se ampliaron los dispositivos del Ministerio Público en la zona. Un equipo de siete fiscales de Valparaíso, junto con personal del SML y la Brigada de Homicidios, se desplegó en todo el territorio afectado para fijar y periciar los lugares donde se encontraron personas fallecidas. La investigación de los incendios continúa su curso, con la esperanza de esclarecer las circunstancias y motivos detrás de esta catástrofe que ha sumido en luto a la región de Valparaíso y al país entero.
Este domingo, se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, revelando datos sobre la percepción ciudadana hacia la Policía de Investigaciones (PDI). La aprobación de la institución sufrió una notable disminución del 26%, situándose en un 60%. El informe también señala que el 43% de la población considera que la PDI está afectada por una gran cantidad de corrupción dentro de la institución. Estos resultados emergen en el contexto de la reciente medida de prisión preventiva contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en relación con las investigaciones del Caso Luis Hermosilla. Esta acción fue respaldada por el 58% de la ciudadanía, reflejando un fuerte apoyo público a las medidas contra la corrupción. En contraste, otras instituciones como Carabineros, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, aunque registraron ligeros descensos en su aprobación, aún mantienen cifras relativamente altas, oscilando entre el 72% y el 79%. Por otro lado, Bomberos continúa siendo una de las instituciones mejor evaluadas, con un impresionante 98% de aprobación, seguida por el Registro Civil con un 79%. Sin embargo, la encuesta revela un aumento en la percepción de la corrupción generalizada en el país, alcanzando un 89%, lo que representa un incremento de 19 puntos desde 2015. En cuanto a la gestión del presidente Gabriel Boric, un 34% aprueba su desempeño, experimentando un aumento de 7 puntos en las últimas dos semanas, aunque el 61% sigue desaprobando su gestión. En relación con el Censo 2024, el 96% de la población está al tanto de su realización, y el 77% asegura que responderá las preguntas cuando su hogar sea censado, mientras que solo el 6% declara que se negará. Finalmente, en lo que respecta a la posibilidad de realizar elecciones municipales en dos días este año, el 64% de la población se muestra en desacuerdo con esta propuesta.
El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido comocaso audios, derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla. La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer. Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI. La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas. En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario. Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía transparente.
Las autoridades continúan las indagatorias relacionadas con el reciente secuestro y posterior asesinato del ex militar Ronald Ojeda, destacando la conexión con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. El líder identificado de esta operación es Walter Rodríguez Pérez, ciudadano venezolano, quien ya enfrentaba una orden de detención por secuestro. Según fuentes del Ministerio Público, Walter Rodríguez Pérez es señalado como el principal sospechoso en este caso. Las primeras diligencias sugieren que habría abandonado el país en compañía de otro individuo buscado por la Fiscalía, Maikel Villegas Rodríguez. Se ha georeferenciado la última señal del celular de Rodríguez Pérez en Arica, con la presunta intención de salir del territorio nacional. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó los vínculos de este caso con el Tren de Aragua, aunque no descartó otras posibles hipótesis: De acuerdo a los antecedentes que la persona detenida tiene vínculos con el crimen organizado, no significa que tengamos que concluir que las motivaciones del homicidio son unas y otras. La investigación mantiene abiertas varias líneas, incluyendo la posibilidad de intervención política o un crimen por encargo, según lo planteado por la familia de la víctima, Ronald Ojeda. El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, informó que se han establecido contactos con la policía venezolana e Interpol para coordinar el control de la llegada de los prófugos: Hay coordinación con los 195 países, están las políticas para intercambiar información, uno de ellos es Venezuela.
El Ministerio Público confirmó la noche de este viernes que el cuerpo hallado bajo un bloque de cemento en una toma de Maipú corresponde al exmilitar venezolano Ronald Ojeda. La noticia fue dada a conocer por el fiscal Héctor Barros, quien está a cargo del caso y además confirmó que la data de muerte es de entre 7 a 10 días. “ Se puede confirmar que corresponden los restos a la víctima Ronald Ojeda, que era la víctima, en este caso de secuestro. La data de muerte aproximada, de acuerdo al médico del Demecri de la PDI, señala que es entre 7 y 10 días, por lo tanto, coincide además con la fecha en que se produjo el secuestro”, explicó el fiscal Héctor Barros. Por este crimen hay un venezolano de 17 años detenido, quien se encuentra en Chile de forma irregular. Además se emitieron otras dos órdenes de detención contra sospechosos de participar en el crimen.
Los incendios que asolaron la región de Valparaíso el pasado fin de semana se revelaron como actos intencionados, según informaron las autoridades locales. Tras exhaustivos peritajes y diligencias llevadas a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), se confirmó la presencia de acelerantes en el lugar donde se iniciaron las llamas. El fiscal especializado en la materia, Osvaldo Ossandón, en una entrevista con La Tercera, reveló que se identificó el punto exacto de origen del fuego: cuatro focos simultáneos en el sector de Las Tablas, en el Lago Peñuelas. La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) descubrió evidencias de que se utilizaron bencina y parafina para avivar las llamas en dicho lugar. Esta hipótesis de intencionalidad no es nueva, ya que diversas autoridades regionales, nacionales y de las Fuerzas Armadas habían sugerido previamente que los incendios fueron provocados. El megaincendio afectó a Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana, dejando una estela de destrucción y convirtiéndose en la mayor tragedia registrada en el país desde el terremoto de 2010. Hasta el momento, no hay detenidos vinculados al inicio de los siniestros, y los responsables aún no han sido identificados. Según el último informe del Servicio Médico Legal (SML), 131 personas perdieron la vida como consecuencia de los incendios, dejando a miles de familias damnificadas. En respuesta a la magnitud de los acontecimientos, el exfiscal Cristián Paredes anunció que se ampliaron los dispositivos del Ministerio Público en la zona. Un equipo de siete fiscales de Valparaíso, junto con personal del SML y la Brigada de Homicidios, se desplegó en todo el territorio afectado para fijar y periciar los lugares donde se encontraron personas fallecidas. La investigación de los incendios continúa su curso, con la esperanza de esclarecer las circunstancias y motivos detrás de esta catástrofe que ha sumido en luto a la región de Valparaíso y al país entero.